La policía sospecha que Convergència se financió con cheques del Palau

La policía sospecha que parte del dinero desviado por los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, sirvió para financiar de forma irregular a Convergència Democràtica (CDC). Un informe encargado por el juez para seguir el rastro a 18 millones de euros desviados del Palau —que fueron cobrados en cheques al portador— subraya que dos de esos talones, por valor de 223.010 euros, fueron ingresados en cuentas corrientes de Letter Graphic y New Letter.

Esas empresas, dedicadas al buzoneo y montaje audiovisual, realizaron, supuestamente, trabajos ficticios para el Palau. Su función, según las investigaciones del juez Josep Maria Pijuan y del fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled, era en realidad servir de tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. En el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la policía precisa que esas sospechas se han “reforzado” con la comparecencia ante el juez del administrador concursal de esas sociedades.

El administrador dijo que observó “irregularidades contables” e “importantes salidas de dinero de forma injustificada”. “Resulta factible”, recoge el documento, que “algunas de estas salidas sirvieran para financiar las actividades de organismos políticos”. La policía cree que los implicados fingieron operaciones mercantiles para dar cobertura a transacciones financieras y lograr así una apariencia de legalidad. Los investigadores tirarán de ese hilo para cerrar el círculo de la financiación irregular.

El pasado 15 de marzo, la policía registró la sede de las empresas en un polígono industrial de Badalona. Allí aparecieron albaranes de entrega de material propagandístico para Convergència i Unió. La fecha de esas facturas es posterior a julio de 2009, cuando los Mossos registraron el Palau. Al saberse investigados, los implicados “no pudieron continuar” con el viejo sistema —emitir las facturas a través del Palau— y tuvieron que establecer “una relación directa”, según la policía.

Los investigadores creen que el registro ratifica su tesis e insisten en que las facturas por los trabajos ficticios para el Palau se extendieron por conceptos “peregrinos” y ajenos a la actividad de la institución musical.

Los 18 millones de euros presuntamente desviados en cheques cobrados en efectivo suponen más de la mitad del dinero expoliado al Palau. Conocer el destinatario final de esos talones es una de las obsesiones de los investigadores. Estos sospechan que parte del dinero corresponde a fondos aportados previamente por la constructora Ferrovial para pagar a CDC por adjudicarle obras como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro. En esas operaciones, el Palau de Millet y Montull hizo, presuntamente, de intermediario.

Para acreditar esas sospechas, el juez encargó al Cuerpo Nacional de Policía un informe exhaustivo. Los investigadores, sin embargo, han topado con la opacidad de los bancos y han dejado constancia en su informe de su escasa colaboración. La entidad donde se cobraron la mayoría de los cheques, Catalunya Caixa, “no facilitó dato alguno de los años 2002, 2003 y 2004”, lo que “conculca” la ley de prevención del blanqueo de capitales. Según los policías, la entidad “incumplió sus obligaciones”, ya que debería haber conservado documentación “hasta abril de 2004”.

Esas carencias documentales han impedido, en muchos casos, ir más allá. La mayoría de los cheques fueron cobrados en ventanilla por Millet y Montull, su lugarteniente. También acudieron a los bancos otras cinco personas ligadas al Palau: José María Abrós, Xavier Español y Juan Ramón Bages —que declararon como testigos ante el juez—, Francisco Miguel Ruiz y Enrique Ruiz. Estos dos últimos son desconocidos para el juez, que pide a la policía que averigüe la “relación” de esas personas con la entidad.

En otros casos, el cobrador es “desconocido” y ni siquiera se puede saber “quién realmente acudió de forma presencial a realizar la operación bancaria”. El problema es que, incumpliendo sus propios manuales de prevención del blanqueo, los bancos no mantuvieron los documentos durante 10 años. Dos de los cobros (de 60.101 y 63.106 euros) fueron ordenados por correo electrónico por la ex directora financiera de la entidad, la también imputada Gemma Montull.

Los investigadores ponen el acento en un cheque de 130.100 euros cobrado en 2006 “de forma conjunta” por Millet y Montull. El expresidente del Palau pidió a Bankia que le facilitara un documento del Banco de España relativo a la “declaración de exportación de moneda”. De ahí se deduce, concluye la policía, que el dinero fue “trasladado fuera de España” y acabó en una cuenta de Millet en el extranjero.

La policía considera acreditado el desvío de fondos y cita dos ejemplos. En febrero de 2008, Montull cobró 9.000 euros en ventanilla que, “sorpresivamente”, fueron a parar a una cuenta a su nombre. Se trata, según la policía, de una “clara metodología de blanqueo de capitales”. Si no pretendiese disimular una transacción ilícita, “habría bastado con una transferencia directa a la cuenta de Montull, más sencilla y menos costosa”. En la operación, en cambio, se intercalan “sucesivas fases a modo de capas de cebolla” para “dificultar la tarea fiscalizadora de cualquier institución”. Algo similar hizo Millet en otra retirada de efectivo.

El informe alude, además, a una cuenta que tenía la “aparente doble titularidad”, ya que estaba a nombre del Orfeó Català y GPO. El informe de la Agencia Tributaria concluyó que las siglas correspondían a la empresa GPO Ingeniería, a la que acusaba de entregar dinero a los responsables del Palau. La empresa niega cualquier vínculo con Millet y Montull. La policía concluye que, una vez analizada la documentación, “no puede desprenderse la existencia de ninguna ligazón” entre el Palau y GPO. ¿A qué aluden esas siglas? Ese sigue siendo uno de los misterios sin resolver del caso Palau.

Jesús García, El Pais

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/09/catalunya/1336597187_995495.html

About Marc Leprêtre

Marc Leprêtre is researcher in sociolinguistics, history and political science. Born in Etterbeek (Belgium), he lives in Barcelona (Spain) since 1982. He holds a PhD in History and a BA in Sociolinguistics. He is currently head of studies and prospective at the Centre for Contemporary Affairs (Government of Catalonia). Devoted Springsteen and Barça fan…
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